Quicio La responsabilidad penal de los directivos del Hospital Civil

Quicio

La responsabilidad penal de los directivos del Hospital Civil

Eduardo Castillo Cruz

El Código Penal Federal sanciona a todo servidor público que por razón de su empleo, cargo o comisión, incumpla, de cualquier forma, su deber de brindar custodia, vigilancia, protección o seguridad a las personas, lugares, instalaciones u objetos, y con ello cause un daño, pérdida o sustracción. (Artículo 214, Fracción VI)

El servidor público tiene, con motivo de su empleo, cargo o comisión, la calidad de garante y debe custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, con estricta responsabilidad (bien jurídico protegido).

Quien comete este delito no es un custodio, vigilante o guardia, en específico, sino cualquier servidor público que la naturaleza de su función lo obligue o le imponga el deber de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos. (Jurisprudencia 1a./J. 45/2014 / Registro: 2007287)

En el Código Penal de Oaxaca no existe un delito redactado en esos términos, pero existe el denominado “abuso de autoridad y otros delitos oficiales” que se refiere al ilícito que comete el funcionario público, agente del gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría, “cuando ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquiera persona”. (Fracción XI del artículo 208)

La sanción va de seis meses a nueve años, multa de cinco mil a veinticinco mil pesos y destitución de empleo o cargo e inhabilitación para obtener otro por el término de tres años. (Artículo 209)

En días recientes se publicitó ampliamente en redes sociales el robo de un infante en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” de Oaxaca. Afortunadamente fue recuperado y se detuvo a las personas que lo cometieron. La Fiscalía ha señalado que investiga al personal de dicho hospital que pudiera tener responsabilidad por comisión u omisión.

Significa que en la carpeta de investigación respectiva se incluirá, también, a los empleados, directivos y responsables del área donde se encontraba la madre y el recién nacido, con la finalidad de identificar si el desempeño de sus funciones fueron acordes al deber que normativamente tienen.

Esto es, si tuvieron un deber específico y no lo cumplieron a pesar de tener la posibilidad física de hacerlo, y si eso facilitó la sustracción del recién nacido.

Existen normas que establecen y delimitan sus funciones, y es a partir de allí en que puede advertirse alguna omisión que puede ser considera como una conducta que amerita sanción penal dada su posición de calidad de garante.

En el caso, es importante señalar que esa calidad de garante no se origina únicamente por su calidad específica de funcionario. Tiene que ver con un deber especifico que la ley señala, y sin esperar que sus obligaciones y atribuciones inherentes a su cargo o empleo necesariamente deben estar enumeradas y detalladas en la normatividad (ley, reglamento, decreto, circular o norma general).

En términos de la jurisprudencia antes indicada, tiene la calidad de garante, cualquier servidor público que la naturaleza de su función lo obligue o le imponga el deber de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para Oaxaca, señala en la Fracción I de su artículo 56, que una de las obligaciones generales de todo servidor público es el de abstenerse de cualquier omisión que cause la deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

En el Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Oaxaca se lee un deber específico que algunos funcionarios de dicho sector deben cumplir: vigilar el cumplimiento de los planes y programas del organismo, así como la correcta operación de sus unidades administrativas

Si como establece el Código Penal para Oaxaca, el delito puede ser realizado por acción o por omisión, y si hubo empleados y servidores públicos en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, que con su proceder no evitaron la sustracción del recién nacido (resultado material), a pesar del deber de cuidado que tenían, tendrán que ser considerados autores del delito en atención a esa calidad de garantes que tuvieron del bien jurídico protegido.

La Fiscalía podría identificar que la omisión del empleado o servidor público contribuyó a la privación de la libertad del recién nacido y puso en riesgo su seguridad personal, o bien, que dejaron de cumplir con estricta responsabilidad sus funciones específicas, o su deber de vigilancia, custodia, protección o seguridad encomendadas. Causando un daño con ello.

En uno u otro caso, la sanción es la que cambia. El delito de sustracción de menores se castiga con seis a doce años de prisión, mientras que el delito de abuso de autoridad se sanciona con seis meses a nueve años de prisión.

NOTA: Los sismos también derrumbaron esquemas electoreros, en el 2018 tendrán que ganarse el voto de otra manera y con creatividad. Y están dejando al descubierto el fraude en las construcciones.

quicio1@hotmail.com

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