La CIDHPDA, a través de su Consejo Iberoamericano, manifiesta su profunda preocupación ante el grave deterioro de la situación política, social y de derechos humanos que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia, a raíz de las protestas que han tenido lugar en los últimos once días en distintas regiones del país.
Los recientes enfrentamientos, particularmente en las regiones de Cochabamba y Llallagua, han dejado un saldo trágico de cuatro efectivos policiales fallecidos —entre ellos los subtenientes Cristian Calle Alcón, Brayan Barrozo Rodríguez, Carlos Enrique Apata Tola y el sargento Jesús Alberto Mamani Morales— y al menos 19 heridos. Entre los fallecidos se suma Emilio Brian Cruz Ureña estudiante de la carrera de comunicación social. Lamentamos profundamente estas pérdidas humanas y condenamos toda forma de violencia.
Resulta especialmente alarmante la información sobre posibles actos de linchamiento, uso de dinamita y ataques armados contra fuerzas de seguridad y población civil. La escalada de violencia, los bloqueos de caminos y la ocupación de espacios públicos afectan gravemente el derecho a la vida, la libre circulación, el acceso a servicios esenciales y el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.
Asimismo, expresamos preocupación por el creciente clima de tensión política, la cual tiene origen en la inhabilitación de Evo Morales para participar en las elecciones del 17 de agosto. Derivado de esta situación se han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos que han afectado a seis de las nueve regiones del país, dejando vehículos varados y generando pérdidas económicas superiores a los 100 millones de dólares. El conflicto entre Morales y el sistema político y electoral se ha agudizado por la fuerte crisis económica que golpea a la población con escasez de combustibles e índices de inflación alarmantes (15%).
La CIDHPDA hace un llamado urgente al Gobierno del presidente Luis Arce y a todos los actores políticos, sociales y ciudadanos a respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales de la
población, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protesta pacífica y al debido proceso. Es necesario tomar medidas para el cese inmediato cualquier acto de violencia, e iniciar investigaciones independientes, imparciales y eficaces que identifiquen y sancionen a los responsables de los hechos de sangre.
También es importante que los distintos actores políticos consideren la posibilidad de abrir espacios de diálogo nacional, con la participación del Tribunal Supremo Electoral, organizaciones sociales, partidos políticos y observadores internacionales, que contribuyan a restaurar la confianza en el proceso democrático y electoral.
Por último, recomendamos al Estado Boliviano a evitar el uso desproporcionado de la fuerza pública, asegurando que las operaciones de seguridad respeten los estándares internacionales de derechos humanos. En estos momentos es prioritaria la promoción del diálogo democrático que fortalezcan la paz social, la legalidad y el respeto a los derechos humanos en Bolivia.
