“Exigimos a las autoridades de gobierno que reconsideren el contenido de estas reformas, respetando los más altos estándares internacionales en derechos humanos».
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifiesta su profunda preocupación ante la reciente aprobación de reformas que, en lugar de fortalecer el marco democrático y garantizar la protección de los derechos humanos, abren la puerta a posibles vulneraciones de las libertades individuales, la privacidad y la seguridad jurídica de la ciudadanía.
Nos unimos al pronunciamiento de ARTICLE 19 México y Centroamérica, que ha advertido sobre los graves retrocesos en derechos fundamentales derivados del nuevo dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual, aunque elimina el artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, mantiene disposiciones preocupantes como la legalización de prácticas de vigilancia sin control judicial, el acceso a datos personales y la geolocalización en tiempo real por parte de autoridades como la Guardia Nacional y la Sedena, sin salvaguardas adecuadas ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Adicionalmente, se establece el uso obligatorio de la CURP para activar líneas telefónicas, lo que representa una amenaza seria a la privacidad de los usuarios. Artículo 19 también señala que dicha reforma omite por completo un enfoque intercultural, dejando fuera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Los partidos de oposición votaron en contra al considerar que persiste lo que llaman la «Ley Censura» por los riesgos que representa para la libertad de expresión y la privacidad ciudadana como la posibilidad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo ciertos argumentos, lo cual, según la oposición, abre la puerta al espionaje y la censura.
Durante el debate, senadores del PAN y PRI advirtieron que esta ley refuerza un modelo autoritario y centralizador, mientras que Morena y Movimiento Ciudadano defendieron que se redujeron facultades excesivas y se reforzó el derecho de acceso a internet.
En la misma línea, no podemos dejar de mencionar la polémica que desató hace unos días la aprobación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla, nombrada “Ley Censura” por sus críticos. Esta legislación tipifica como delitos digitales el ciberasedio, usurpación de
identidad, espionaje digital, grooming y fraude electrónico, con sanciones de hasta tres años de prisión y multas de 40 mil pesos. El artículo 480, en particular, define el ciberasedio de forma ambigua, incluyendo acciones como “insultar, injuriar u ofender”, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y periodistas.
Críticos como Artículo 19 y la Red de Periodistas advierten que la poca claridad en la redacción puede facilitar el uso de la ley para perseguir opiniones críticas o comentarios legítimos en redes sociales, al no establecer salvaguardas adecuadas, por lo que podía interpretarse como una forma de autoprotección del gobierno frente a la crítica pública.
Esta semana es crucial en el Congreso de Puebla, que deberá decidir si deroga o modifica el artículo 480, por lo que en la CIDHPDA hacemos un llamado a las y los legisladores que hagan una profunda reflexión sobre el peligro que implica dejar este artículo tal como está. La redacción de la ley debe dejar en claro que se está protegiendo a la población vulnerable.
Desde la CIDHPDA, hacemos eco de las preocupaciones expresadas por activistas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y exigimos a las autoridades de gobierno que reconsideren el contenido de estas reformas, tomando en cuenta los aportes generados en los foros de consulta y respetando los más altos estándares internacionales en derechos humanos. También, exhortamos al Senado, a la Cámara de Diputados, al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo de los estados a ser más diligentes y responsables en la redacción y aprobación de las leyes, a fin de que ninguna disposición represente un riesgo para las personas ni erosione los principios del Estado de Derecho.
