Exalcaldesa de Morena en Nochixtlán desvió 80 % del presupuesto de los primeros seis meses de su gobierno, advierte auditoría

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Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa de Nochixtlán de 2019 a 2021 por Morena, desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto municipal a través de compras y servicios simulados en el primer semestre de su gobierno, de acuerdo con una auditoría local.
Por Redacción Animal Político
Durante sus primeros seis meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta –que gobernó el ayuntamiento oaxaqueño de Asunción Nochixtlán de diciembre de 2019 a mayo de 2021– desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto local, conclusiones una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración, en dicho período.
El monto de este desvío equivale a 80 % del recurso público ejercido en ese período por la exalcaldesa de Nochixtlán y auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora llamado Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
Aunque esta auditoría fue realizada en 2021, a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz –quien luego fue víctima de desaparición forzada, por agentes del mismo ayuntamiento–, el gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un período de cinco años, hasta marzo de 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruiría las actividades de revisión y fiscalización. Tras el vencimiento del plazo, Animal Político obtuvo esta auditoría especial a través de una solicitud de información pública.
Tal como se estima este ejercicio de revisión presupuestal, la administración de la exalcaldesa morenista desvió estos 8 millones 795 mil pesos a través de compras simuladas de diversos bienes, sobre los cuales no existe “constancia de recepción y los resguardos correspondientes, por lo que no se comprueba que dichos bienes se encuentren en propiedad y uso del municipio”.
Exalcaldesa de Nochixtlán presuntamente simuló compras y servicios para desviar recursos, revela auditoría.
Entre los bienes cuya compra simuló la administración de Lizbeth Victoria Huerta , en sus primeros seis meses de gestión, están diversos equipos de cómputo, mobiliario de oficina, artículos para aseo, productos químicos básicos, combustible, uniformes para trabajadores, herramientas, carritos para recolección de basura y al menos ocho motocicletas, cuya adquisición fue incluida en la contabilidad del municipio, pero no pudo ser comprobada.
Según esta auditoría especial, la administración de Lizbeth Victoria Huerta también simuló la contratación de diversos servicios , a través de procedimientos administrativos irregulares, cuya realización tampoco fue comprobada. Entre estos servicios cuya contratación fue simulada están actividades culturales, servicios de ingeniería, de elaboración e impresión de documentos oficiales, servicios de reparación de equipos de transporte, así como de producción y difusión publicitaria.
Entre las contrataciones simuladas por el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta se encuentran, incluso, los mismos “servicios de contabilidad” del municipio.
La auditoría también confirmó que, tras asumir el cargo como alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta otorgó a su hermana Natalie Victoria Huerta un salario como empleada municipal, aunque en realidad no pertenecía a la nómina ni existe un expediente de personal que compruebe que realizó algún trabajo por el sueldo devengado.
Bajo este mismo procedimiento de contratación simulada, la exalcaldesa de Nochixtlán otorgó un salario como empleado del ayuntamiento a José Manuel Muñoz Quevedo, a quien se registró en la contabilidad como “asesor jurídico de la presidencia (municipal)”, sin que tampoco pudiera presentarse la “documentación justificativa correspondiente”.
Activista denunció irregularidades en el presupuesto de Nochixtlán.
La mayoría de estas irregularidades en el manejo del presupuesto municipal fueron documentadas y denunciadas por la activista local Claudia Uruchurtu entre 2019 y 2020, a través de su propia investigación y la solicitud de información pública.
Uruchurtu denunció estos hechos ante el gobierno estatal del priista Alejandro Murat, actualmente senador de Morena. También acudió a la Secretaría de Gobernación, cuya titular era Olga Sánchez Cordero, ya la Presidencia de México, encabezada en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. La activista no obtuvo respuesta de ninguna de esas instancias.
La única denuncia de Claudia Uruchurtu que tuvo alguna consecuencia fue la que presentó ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Oaxaca (OSFE), el 26 de agosto de 2019.
Esta denuncia derivó en la realización de una “auditoría por situación excepcional” a los primeros seis meses de la gestión de Lizbeth Victoria Huerta. Esta revisión sólo analizó un tercio del presupuesto asignado en ese período.
A pesar de que este ejercicio de fiscalización detectó un desvío del 80 % del presupuesto auditado, el Órgano Superior de Fiscalización, dependiente del Congreso local, no ordenó revisar el resto del presupuesto asignado en los primeros seis meses del gobierno de la exalcaldesa morenista, ni tampoco los recursos ejercidos luego de ese período.
“Si extrapolamos este desfalco de 80 % a todo el presupuesto municipal , no solamente del primer semestre de 2019, sino de toda la administración de Lizbeth Victoria Herta, estamos hablando de mucho más dinero desviado, que sólo 8 millones”, subraya Elizabeth Uruchurtu, hermana de la activista víctima de desaparición forzada.
«Lo más trágico –añade– es que la auditoría con la que se confirmaron estos actos de corrupción se realizó de manera ‘excepcional’, sólo por las denuncias de Claudia. Es decir que si ella no hubiera estado insistiendo, nada habría pasado. Entonces, los políticos corruptos que llegan al gobierno se la pasan robando como si nada, porque saben que no los van a auditar y aunque los auditen, no va a pasar nada.”
El Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (OSFE) recibió en agosto de 2019 la denuncia de Claudia Uruchurtu y notificó los resultados finales de la Auditoría Excepcional a Nochixtlán en mayo de 2021.
En ese tiempo, el OSFE le requirió directamente a Lizbeth Victoria Huerta “un informe sobre el avance de gestión financiera del Municipio” y concluyó que la entonces alcaldesa de Nochixtlán “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el correcto ejercicio del gasto público”, lo que dio la razón a Claudia Uruchurtu. Sin embargo, la autoridad clasificó estas conclusiones como reservadas durante los siguientes cinco años.
La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu y el gobierno de Nochixtlán
Dos meses antes de que la autoridad concluyera su auditoría excepcional, empleados del ayuntamiento de Nochixtlán raptaron y desaparecieron a la activista Claudia Uruchurtu, luego de que participó en una manifestación afuera de la presidencia municipal, el 26 de marzo de 2021. Hasta la fecha, el paradero de Claudia Uruchurtu sigue sin ser determinado.
En diciembre de 2022, cuatro funcionarios públicos del ayuntamiento de Nochixtlán, entre los que se encuentra la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, fueron sentenciados hasta por 60 años de prisión, por el delito de desaparición forzada cometido contra Claudia Uruchurtu. En febrero de 2023 se declaró culpable a un quinto imputado: el asesor jurídico de Lizbeth Victoria.
Así, el de Claudia Uruchurtu Cruz es el primer caso plenamente documentado, aunque no el único, de una desaparición forzada cometida por el Estado mexicano, tras la llegada de Morena a la presidencia de México.
Aunque la morenista Lizbeth Victoria Huerta también fue procesada penalmente por estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó que la exalcaldesa no incurrió en el delito de desaparición forzada en calidad de autora intelectual, sino que sólo cometió el delito de “obstrucción de las investigaciones” emprendidas para esclarecer este crimen, y la benefició con una pena de sólo cuatro años de prisión, que terminó de cumplir en diciembre de 2024.
Este criterio en beneficio de Lizbeth Victoria Huerta fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, incluso cuando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que son “autores del delito” los funcionarios que físicamente privan de la libertad a la víctima, así como los superiores jerárquicos que oculten o nieguen información sobre los hechos, tal como hizo la exalcaldesa al obstruir las investigaciones realizadas.
“Ninguna autoridad investigó las denuncias de corrupción presentadas por Claudia, como el motivo por el cual fue desaparecida forzosamente”, detalla Sara Uruchurtu, otra hermana de la activista. “Nosotras siempre insistimos en que ocultar esos actos de corrupción de la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huera era el móvil del crimen cometido contra nuestra hermana, pero la respuesta que siempre nos dieron fue que ese era un delito diferente, desvinculado, y si queríamos una investigación específica, teníamos que iniciar un proceso separado. Nunca fueron a fondo.”
Todas las autoridades que omitieron estas investigaciones, tanto federales como estatales, pertenecían o estaban subordinadas a Morena.
Investigaciones por desvío de recursos públicos de Nochixtlán sigue inconclusa
A cinco años de que la auditoría excepcional iniciada por las denuncias de Uruchurtu Cruz revelara que el gobierno de la alcaldesa incurrió en desvío de recursos, el Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca notificó que las investigaciones iniciadas por este desfalco siguen sin concluirse.
La autoridad fiscalizadora informó que desde 2021 existe un “expediente de presunta responsabilidad administrativa que no se le ha dictado resolución alguna. Se considera aún un proceso abierto de investigación”, por lo que, hasta la fecha, ningún involucrado ha sido sancionado, ni tampoco ha sido recuperado el dinero desviado.

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