La audiencia inicial por el brutal asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, reventó este fin de semana como una auténtica bomba judicial que sacude a México hasta sus cimientos.
En una diligencia de más de cinco horas celebrada en el penal del Altiplano, se revelaron detalles escalofriantes: el Cártel Jalisco Nueva Generación ofreció 2 millones de pesos por ejecutar al alcalde independiente que desafiaba al crimen organizado. Pero lo más grave apenas comenzaba.Las declaraciones de los ocho detenidos mencionaron directamente a los máximos líderes del CJNG: Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», y su lugarteniente Ramón Álvarez Ayala, «El R1», como los cerebros detrás de la orden de ejecución. El R1, operador regional en Michoacán, transmitió personalmente la instrucción a Jorge Armando «N» alias «El Licenciado» de ejecutar a Manzo «estuviera con quien estuviera».
Pero la traición vino desde dentro. Las investigaciones confirmaron que uno de los propios escoltas del alcalde filtró información precisa y en tiempo real a los sicarios sobre cada movimiento de Manzo, permitiendo que el ataque se ejecutara con precisión quirúrgica mientras el alcalde se tomaba fotos con niños en el Festival de Velas del Día de Muertos.
El hallazgo más explosivo: el atacante, un menor de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Flores, fue ejecutado extrajudicialmente. Los peritajes científicos demostraron que Demetrio «N», entonces director de policía municipal, tomó la misma pistola con la que el adolescente había disparado contra Manzo y le disparó a quemarropa cuando ya estaba desarmado y sometido. Su versión de haber disparado «a metro y medio» fue demolida por la evidencia forense.
Los siete escoltas detenidos —seis hombres y una mujer— enfrentan cargos de homicidio calificado en comisión por omisión. Fueron sacados esposados de la Casa de Cultura de Uruapan entre el llanto de funcionarios que no podían creer que sus propios compañeros hubieran traicionado al alcalde que juraron proteger.
El juez dictó prisión preventiva para todos los acusados. La próxima audiencia será el 26 de noviembre, donde se determinará si son formalmente vinculados a proceso. Mientras tanto, las autoridades federales buscan intensamente a «El R1», ahora objetivo prioritario para cerrar el círculo de responsables.El caso Manzo deja al descubierto la podredumbre que corroe las instituciones mexicanas: infiltración criminal, ejecuciones extrajudiciales y la mano del narco llegando hasta los círculos más íntimos del poder local.
