Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos
Desde el inicio de su mandato, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sabido dominar la narrativa pública, eso es más que evidente, ya que su capacidad para dirigir la atención mediática es indiscutible, y en el caso de la reforma al Poder Judicial no ha sido la excepción, sin embargo, si algo ha quedado claro en este contexto es la desconexión palpable entre el Poder Judicial y la sociedad mexicana, así como su evidente problema de comunicación.
Hablar de la reforma al Poder Judicial es tocar un tema delicado, pero no quiero tener que “elegir un bando” diciendo que es buena o mala; aún no ha sido implementada, ni siquiera aprobada del todo, pero sí se ha convertido en una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la relación de las y los mexicanos promedios con su sistema de justicia.
Aquí, es precisamente donde debemos detenernos y poner todo en perspectiva: ¿cómo llegamos a este punto en el que el órgano encargado de impartir justicia está tan alejado de la realidad cotidiana del ciudadano?
La realidad, fuera de X (antes Twitter) y las publicaciones de Instagram, es que el mexicano común ve al Poder Judicial como una entidad lejana, incomprensible y desconectada de su vida diaria y para demostrar el punto, basta observar la encuesta realizada en Junio de 2024, por De Las Heras: los encuestados no solo están mayoritariamente a favor de la reforma (81%), sino que además se observa una percepción negativa generalizada sobre ministros, jueces y magistrados, clasificándolos de corruptos(al menos el 84% percibe algún grado de corrupción).
Este es un problema que va mucho más allá de la reforma en sí; es un problema estructural de cómo se comunica el Poder Judicial y qué tan accesible resulta la justicia para el ciudadano de a pie.
En este proceso, los integrantes del Poder Judicial, y por añadidura los partidos de oposición, han cometido el error de asumir que la gente estaría automáticamente «de su lado», simplemente porque la reforma «es mala», según sus propios argumentos, pero ¿cómo podría la sociedad solidarizarse con una institución que apenas entiende, que nunca ha sido transparente ni cercana en sus funciones?
En contraste, el presidente ha logrado lo que mejor sabe hacer: encender el debate, captar la atención y dirigir la narrativa con su característico manejo del espacio mediático, aprovechando el vacío de comunicación que el Poder Judicial ha dejado.
Los magistrados y jueces, por su parte, han quedado rezagados en esta contienda, donde la estrategia comunicativa es, y seguirá siendo, crucial y si no logran posicionar su mensaje de manera efectiva, corren el riesgo de seguir siendo vistos como una élite desvinculada de la realidad social del país.
Los intentos de resistencia, como el paro de labores en el Poder Judicial, han sido, cuando menos, desafortunados y no se trata solo de los evidentes errores de comunicación, como los «estudiantes en pie de lucha», que en sus propias palabras ningún movimiento estudiantil se había levantado desde el 68, un comentario fuera de lugar. O el caso de manifestantes cerrando calles, encarando y tuteando a personas que preguntaban de manera inofensiva ¿por qué no los dejaban pasar?
Si bien es comprensible que algunos miembros del Poder Judicial se sientan indignados ante ciertas disposiciones de la reforma, el problema radica en cómo han manejado su protesta. Para que la resistencia sea efectiva, es necesaria una narrativa coherente que resuene con las preocupaciones reales de la sociedad, revelando la falta de un esfuerzo genuino por conectar, por ofrecer propuestas claras y, sobre todo, por mejorar la comunicación y por tanto la interacción con la ciudadanía.
En este punto, la pregunta fundamental es: ¿qué sigue? Tal vez la reforma sea aprobada y el Poder Judicial se reestructure, tal vez no, pero lo que debería quedar claro es que la distancia entre las instituciones judiciales y la sociedad no se solucionará únicamente con cambios legislativos, se necesita mucho más: una voluntad real de acercar a la ciudadanía, de explicar y transparentar las funciones del Poder Judicial, y así generar confianza.
El Poder Judicial tiene ante sí una tarea monumental, pero también una oportunidad única: frente a esta crisis de legitimidad y confianza, puede ser un momento de cambio si las instituciones judiciales deciden cambiar su enfoque, volviéndose más accesibles y transparentes, ya que la justicia no debe ser vista como un privilegio de unos pocos, sino como un derecho fundamental al que todos puedan acceder de manera clara y directa.
En última instancia, esta situación revela algo más profundo: la necesidad de un nuevo pacto social en el que las instituciones y los ciudadanos puedan reencontrarse y para que eso suceda, no basta con reformas estructurales, sino con un esfuerzo continuo de acercamiento, diálogo y entendimiento; porque, como bien dice el dicho, «hablando se entiende la gente» y ese entendimiento es la base sobre la cual debe construirse una justicia verdaderamente equitativa y accesible.
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